España da un paso importante hacia una sociedad más inclusiva con la aprobación del Real Decreto 707/2026, que establece nuevas condiciones básicas de accesibilidad cognitiva en todo el territorio nacional. La normativa, que entrará en vigor el 2 de enero de 2027, introduce requisitos para facilitar la comprensión de la información, los servicios y los entornos, con especial atención al empleo, los procesos de selección, la formación y las herramientas digitales.
La accesibilidad ha estado tradicionalmente relacionada con la eliminación de barreras físicas o la adaptación de espacios para personas con movilidad reducida. Sin embargo, existen otras barreras menos visibles que también pueden limitar la autonomía y la participación de las personas: aquellas que dificultan comprender información, orientarse en un entorno o utilizar determinados servicios.
Con el objetivo de abordar esta realidad, España ha aprobado el Real Decreto 707/2026, de 2 de septiembre, por el que se establece el Reglamento de las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva.
La norma fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 3 de septiembre de 2026 y difundida por AccessibleEU, iniciativa vinculada a la Comisión Europea, el 14 de septiembre.
Su entrada en vigor está prevista para el 2 de enero de 2027, aunque determinadas adaptaciones pueden estar sujetas a calendarios específicos.
Este nuevo marco normativo supone un avance para las personas con discapacidad intelectual y otras dificultades de comprensión, pero también plantea nuevas responsabilidades para las organizaciones.
En el ámbito empresarial, la accesibilidad cognitiva adquiere especial relevancia en los procesos de contratación, la comunicación interna, la formación y el uso de herramientas tecnológicas.
¿Qué es la accesibilidad cognitiva y por qué es importante?
La accesibilidad cognitiva es la característica de los entornos, productos, servicios y comunicaciones que permite que las personas puedan comprenderlos, utilizarlos e interactuar con ellos de manera sencilla.
Su objetivo es eliminar las barreras que dificultan entender la información, orientarse, comunicarse o realizar actividades cotidianas.
Estas dificultades pueden afectar a personas con discapacidad intelectual, trastornos del desarrollo, daño cerebral adquirido o determinadas condiciones que influyen en la comprensión y el procesamiento de la información.
También pueden aparecer en personas mayores, usuarios con dificultades de alfabetización o personas que no dominan suficientemente un idioma.
Por este motivo, la accesibilidad cognitiva beneficia a un conjunto amplio de la población.
Entre las herramientas utilizadas para mejorarla se encuentran el lenguaje claro, la lectura fácil, los pictogramas, los apoyos visuales y las tecnologías de asistencia.
Por ejemplo, un formulario con instrucciones sencillas y una estructura comprensible puede facilitar que una persona complete un trámite sin ayuda.
Del mismo modo, una señalización clara permite orientarse en edificios e instalaciones, mientras que una aplicación digital bien diseñada reduce las dificultades para realizar determinadas operaciones.
La accesibilidad cognitiva no consiste únicamente en simplificar contenidos. Implica diseñar experiencias que permitan comprender la información y actuar con autonomía.
Real Decreto 707/2026: el nuevo marco de accesibilidad cognitiva en España
El Real Decreto 707/2026 desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva previstas en la legislación española sobre derechos de las personas con discapacidad.
La normativa establece criterios aplicables a diferentes ámbitos de la vida cotidiana, desde las relaciones con las administraciones públicas hasta el acceso a servicios, el transporte, la justicia y el empleo.
Su finalidad es garantizar que las personas con dificultades cognitivas puedan ejercer sus derechos y participar en la sociedad en condiciones de igualdad.
El reglamento contempla medidas relacionadas con la comprensión de documentos, la comunicación accesible, la orientación en espacios y la utilización de herramientas digitales.
Entre sus principios se encuentra la necesidad de proporcionar información comprensible mediante diferentes formatos, incluyendo recursos escritos, visuales, sonoros y tecnológicos.
Además, establece que la información accesible debe facilitarse sin costes adicionales para las personas usuarias y sin demoras indebidas.
Este aspecto resulta especialmente importante cuando una persona necesita realizar un trámite urgente, presentar una reclamación o ejercer un derecho.
La norma también reconoce la utilidad de las tecnologías de la información y la comunicación, incluida la inteligencia artificial, como herramientas de apoyo.
No obstante, su aplicación debe respetar los requisitos de accesibilidad y las obligaciones específicas de cada ámbito.
¿Qué cambia para las empresas a partir de 2027?
Uno de los aspectos más relevantes del reglamento para el sector empresarial se encuentra en su artículo 14, dedicado al empleo.
Este apartado introduce requisitos relacionados con los procesos de contratación, la formación, la comunicación y las condiciones de trabajo.
Es importante señalar que el artículo establece un ámbito específico de aplicación para las personas trabajadoras que acrediten una discapacidad igual o superior al 33 % y discapacidad intelectual, conforme a los requisitos de certificación previstos en la norma.
Por tanto, no todas sus obligaciones deben interpretarse como exigencias idénticas para cualquier situación empresarial.
Sin embargo, las medidas reflejan una orientación clara hacia entornos laborales más comprensibles y accesibles.
Las empresas deberán prestar atención a cómo presentan la información, cómo organizan sus procesos de selección y qué apoyos ofrecen a las personas que los necesitan.
Este cambio afecta tanto a los departamentos de Recursos Humanos como a los responsables de tecnología, formación y prevención de riesgos laborales.
Procesos de selección y ofertas de empleo más accesibles
La accesibilidad cognitiva comienza antes de la incorporación de una persona a la empresa.
El nuevo reglamento establece que las ofertas de empleo, sus condiciones y los requisitos de los puestos deben publicarse de manera accesible y utilizando lenguaje sencillo.
Esto implica revisar cómo se redactan las descripciones de los puestos, evitando expresiones innecesariamente complejas o información difícil de interpretar.
Las ofertas deben permitir comprender cuáles serán las funciones, qué competencias se necesitan y qué condiciones ofrece la organización.
La norma también contempla la posibilidad de solicitar adaptaciones durante las entrevistas de trabajo, sin coste para la persona candidata y sin que dicha solicitud pueda utilizarse como motivo de exclusión.
Estas medidas buscan reducir barreras que pueden dificultar el acceso al empleo de personas con determinadas necesidades de comprensión o comunicación.
Para las empresas, representan una oportunidad para revisar sus procesos de selección y avanzar hacia modelos de contratación más inclusivos.
Un proceso accesible permite que las capacidades profesionales de las personas tengan mayor protagonismo que las dificultades derivadas de procedimientos poco comprensibles.
Formación y comunicación interna adaptadas
La formación constituye otro de los ámbitos contemplados por el Real Decreto 707/2026.
El reglamento establece medidas para facilitar que las personas trabajadoras comprendan los contenidos formativos y puedan participar adecuadamente en las actividades de aprendizaje.
Cuando corresponda y se solicite, las empresas deberán proporcionar documentación adaptada mediante lectura fácil, apoyos visuales, recursos sonoros o herramientas tecnológicas.
La normativa presta especial atención a la formación en prevención de riesgos laborales y a los protocolos de emergencia.
En estos casos, la información debe presentarse en lenguaje claro y disponer de una versión en lectura fácil, incorporando apoyos visuales cuando sea posible.
La comprensión de estas instrucciones resulta fundamental para garantizar la seguridad y la autonomía de las personas.
Además, el reglamento contempla adaptaciones de documentos necesarios para desarrollar las tareas y participar en reuniones, dentro de las condiciones establecidas legalmente.
Estas medidas pueden facilitar la incorporación de profesionales con discapacidad intelectual y mejorar su participación en la actividad empresarial.
Accesibilidad digital: herramientas tecnológicas más fáciles de utilizar
La transformación digital ha convertido las aplicaciones empresariales en herramientas esenciales para el trabajo diario.
Plataformas de formación, sistemas de fichaje, portales internos y aplicaciones de gestión forman parte de las actividades habituales de muchas organizaciones.
Sin embargo, estas herramientas pueden presentar barreras cognitivas cuando utilizan interfaces complejas, instrucciones poco claras o procesos difíciles de seguir.
El Real Decreto 707/2026 incorpora requisitos específicos relacionados con los sistemas de fichaje y autenticación utilizados en el ámbito laboral.
Entre las medidas previstas se encuentran alternativas de acceso que no dependan de recordar contraseñas, mecanismos de doble verificación para determinados envíos de información y posibilidades de asistencia remota.
También se contempla la necesidad de facilitar instrucciones y seguimiento de los pasos realizados dentro de las plataformas.
Estas disposiciones reflejan la importancia de diseñar herramientas digitales que tengan en cuenta diferentes capacidades cognitivas.
Para los departamentos tecnológicos, la accesibilidad debe incorporarse desde las primeras fases de diseño e implantación.
Una aplicación accesible no solo puede facilitar su utilización por personas con discapacidad, sino también mejorar la experiencia general de los empleados.
Inteligencia artificial y accesibilidad cognitiva
La inteligencia artificial puede desempeñar un papel relevante en la eliminación de barreras de comprensión.
El propio reglamento reconoce las posibilidades de las tecnologías digitales y la IA como recursos para facilitar la comunicación, la orientación y la realización de actividades.
Entre sus aplicaciones potenciales se encuentran la simplificación de textos, la generación de instrucciones paso a paso y la creación de herramientas de asistencia.
Por ejemplo, una solución tecnológica puede ayudar a explicar un procedimiento administrativo mediante lenguaje sencillo o proporcionar indicaciones para completar un formulario.
También puede facilitar el acceso a información mediante asistentes conversacionales que respondan preguntas sobre determinados procesos.
En el ámbito laboral, estas herramientas pueden contribuir a mejorar la comprensión de documentación interna y apoyar la realización de tareas.
Sin embargo, la utilización de inteligencia artificial requiere mecanismos de supervisión y validación.
Los sistemas automatizados pueden cometer errores, omitir información relevante o generar explicaciones que no resulten suficientemente comprensibles.
Por ello, la tecnología debe utilizarse como herramienta de apoyo, acompañada de criterios de accesibilidad y de la participación de las personas destinatarias.
Accesibilidad cognitiva e inclusión laboral: una relación fundamental
La accesibilidad cognitiva constituye un elemento importante para avanzar hacia entornos laborales verdaderamente inclusivos.
La incorporación de personas con discapacidad no depende únicamente de ofrecer oportunidades de contratación.
También requiere garantizar que puedan comprender los procedimientos, acceder a la información necesaria y desarrollar sus funciones con los apoyos adecuados.
Las barreras de comunicación o comprensión pueden limitar el desempeño profesional incluso cuando una persona dispone de las competencias necesarias para realizar su trabajo.
Por este motivo, la adaptación de documentos, procesos y herramientas resulta fundamental.
El nuevo reglamento contempla ajustes razonables relacionados con horarios, tiempos de trabajo, carga de tareas y utilización de tecnologías de apoyo, dentro de su ámbito de aplicación.
Estas medidas deben desarrollarse con la participación de las personas trabajadoras y revisarse periódicamente.
La inclusión laboral implica reconocer que no todas las personas necesitan los mismos recursos para desarrollar su actividad.
Ofrecer apoyos adecuados permite aprovechar mejor el talento y favorecer la autonomía profesional.
La accesibilidad cognitiva como parte de la estrategia ESG
La aprobación del Real Decreto 707/2026 también refuerza la relación entre accesibilidad, responsabilidad social corporativa y sostenibilidad empresarial.
Dentro de las estrategias ESG, la dimensión social incluye aspectos como la igualdad de oportunidades, la diversidad y las condiciones laborales.
La accesibilidad cognitiva puede contribuir a estos objetivos mediante la eliminación de barreras que dificultan la participación de determinadas personas.
Para las organizaciones, incorporar criterios de accesibilidad en sus procesos permite avanzar hacia modelos de gestión más inclusivos.
Esto puede reflejarse en políticas de contratación, formación, comunicación interna y diseño de herramientas digitales.
Además, la accesibilidad cognitiva complementa otras obligaciones relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad, como las contempladas en la Ley General de Discapacidad.
No obstante, es importante diferenciar ambos ámbitos normativos.
El Real Decreto 707/2026 regula condiciones de accesibilidad cognitiva, mientras que la LGD establece, entre otras cuestiones, obligaciones relacionadas con la reserva de empleo para personas con discapacidad.
Cumplir una de estas obligaciones no sustituye automáticamente el cumplimiento de la otra.
Las empresas deben analizar sus responsabilidades de forma conjunta, pero respetando los requisitos específicos de cada normativa.
Cómo pueden prepararse las empresas para los nuevos requisitos
La entrada en vigor del reglamento representa una oportunidad para revisar los procesos empresariales desde una perspectiva de accesibilidad.
El primer paso consiste en identificar qué obligaciones resultan aplicables a cada organización y qué procedimientos pueden presentar barreras de comprensión.
En el ámbito laboral, conviene revisar las ofertas de empleo, los procesos de selección y los materiales utilizados durante la incorporación de nuevos profesionales.
También resulta recomendable analizar la documentación formativa, las comunicaciones internas y las instrucciones relacionadas con la seguridad.
Los departamentos de tecnología pueden evaluar la accesibilidad de las aplicaciones y plataformas utilizadas por los empleados.
Esta revisión debe considerar aspectos como la claridad de las instrucciones, la facilidad de navegación y la disponibilidad de alternativas de asistencia.
Otro elemento importante es la participación de las personas con discapacidad en la evaluación de las soluciones.
Su experiencia permite identificar dificultades que pueden pasar inadvertidas durante el diseño de los procesos.
Finalmente, las empresas deben establecer mecanismos para revisar las adaptaciones realizadas y comprobar que continúan respondiendo a las necesidades existentes.
Prometeia: tecnología e inclusión laboral para avanzar hacia empresas más accesibles
En Prometeia, entendemos que la inclusión laboral debe ir acompañada de oportunidades profesionales reales, formación y entornos de trabajo adaptados a las necesidades de las personas.
Como empresa tecnológica comprometida con la inclusión laboral de personas con discapacidad, apostamos por conectar talento, tecnología y responsabilidad social.
La evolución de la normativa sobre accesibilidad cognitiva refuerza la importancia de diseñar procesos y herramientas que permitan desarrollar la actividad profesional en condiciones de igualdad.
La tecnología puede contribuir a eliminar barreras, facilitar la comunicación y mejorar el acceso a la información, siempre que se implante teniendo en cuenta las necesidades de las personas.
Para las empresas, este enfoque supone avanzar hacia modelos de trabajo más accesibles y aprovechar las capacidades de profesionales que pueden encontrar obstáculos en entornos poco adaptados.
La entrada en vigor del Real Decreto 707/2026 representa un nuevo paso en esta dirección.
